El futuro de la consulta popular convocada por el Presidente Gustavo Petro mediante el Decreto 0639 recae ahora en manos de la Corte Constitucional. Se ha confirmado que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, actual presidente de la alta corte, sería el encargado de estudiar la constitucionalidad de dicho decreto.

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Al magistrado Ibáñez le ha sido asignado el expediente, y en su rol de ponente, tendrá la responsabilidad de ordenar y recopilar las pruebas que considere necesarias para fundamentar su ponencia. Esta ponencia será posteriormente sometida a debate y votación entre los ocho magistrados restantes de la Corte, quienes determinarán la legalidad de la iniciativa presidencial.

La revisión se da en cumplimiento del artículo 241, ordinal 3, de la Constitución Política de Colombia, y en atención a lo señalado en el artículo 7 del propio Decreto 0639, que fue expedido el 11 de junio de 2025. El correo de remisión del decreto a la Corte Constitucional fue firmado por Néstor Osuna, ministro de Justicia encargado, un detalle que no pasó desapercibido.

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Este proceso de control jurisdiccional es crucial, ya que la decisión de la Corte Constitucional sentará un precedente significativo sobre los límites y alcances de la facultad presidencial para convocar mecanismos de participación ciudadana por decreto, especialmente en contextos donde el Legislativo ya se ha pronunciado.